25 Jun ACTIVIDADES EN DESARROLLO.El ICAA recuerda plazo para regularizar arroceras
El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) recordó que el 31 de julio próximo vence el plazo para regularizar la situación de arroceras en desarrollo respecto a permiso de usos de agua y certificación ambiental.
La medida busca normalizar la situación de emprendimientos productivos que aún no han presentado documentación requerida; para ello el organismo provincial elaboró un Formulario Guía -en carácter de declaración jurada- que está disponible en el sitio web del organismo oficialicaa.com.
Se pretende integrar al sistema de gestión ambiental a todas aquellas actividades categorizadas como en desarrollo, que se sumarán al Registro de Concesiones otorgadas por la autoridad de los recursos hídricos y gestión ambiental de Corrientes.
Los datos y documentación solicitada apuntan a lograr objetivos ambientales en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos, según la Ley Nº 25.675 Ley General del Ambiente.
El ICAA destaca que con los datos requeridos en el Formulario Guía si bien se simplifica su llenado, no sea crea situaciones de excepción, sino todo lo contrario, se pretende convertir lo sencillo en algo común.
Entre los datos requeridos en el formulario, se encuentran de los responsables profesionales y Consultores Ambientales, aspectos del proceso productivo, variedad que se cultiva, prácticas agrícolas adoptadas, tecnología aplicada, plan de rotación, proceso industrial en caso de tenerlo, entre otros.
Así también, en relación a las obras hídricas se solicita la fuente de agua, tipo de captación (represa, estación de bombeo, etc.), caracterización de represas, volumen de agua, superficie del lago, de igual manera el tipo de estaciones de bombeo, entre otros.
Se solicita también la manifestación de adhesión del productor a la aplicación de la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas para el Cultivo de Arroz en la Provincia de Corrientes (MBPA), elaborado por el INTA y la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA), poniendo en práctica las recomendaciones de mínima en el establecidas a fin de llegar a una producción sustentable.
Registro de Concesiones
El ICAA en los últimos años promovió, en dialogo continuo con los productores arroceros, las presentaciones de los documentos necesarios para el otorgamiento de Concesiones de Agua Pública que requieren además la Evaluación de Impacto Ambiental.
Al mes de junio de 2013 el Registro de Concesiones otorgadas cuenta con 84 emprendimientos activos, cuya superficie total utilizada para cultivo de arroz es de 87.665,01 hectáreas, distribuidas en los departamentos Berón de Astrada, Concepción, Curuzú Cuatiá, Empedrado, General Paz, San Martín, Itatí, Ituzaingó, Lavalle, Mburucuyá, Mercedes, Monte Caseros, Paso de los Libres, Saladas, San Miguel, San Roque y Sauce, que utilizan para riego el agua embalsada por presas de tierras o toma directa de cursos de aguas a través de estaciones de bombeo.
A su vez, el ICAA resalta que la mayoría de las concesiones registran el uso de agua de afluentes pertenecientes a la cuenca del río Miriñay con 35 concesiones que totalizan 32.943,90 hectáreas de cultivo; en segundo lugar se encuentra la cuenca del río Corriente con 20 emprendimientos que suman 21.711,91 hectáreas; continúa el río Paraná con 12 establecimientos y 22.762,00 hectáreas y en orden decreciente el río Mocoretá con 5 concesiones (1.695,00 hectáreas concesionadas); el rio Uruguay con 4 concesiones (3.537,16 hectáreas); cuenca de los ríos Guayquiraró con 4 establecimientos (2.045,04 hectáreas); río Santa Lucía 4 concesiones (1.570,00 hectáreas) y finalmente la cuenca del río Aguapey con 2 establecimientos y 1.400 hectáreas concesionadas.
Corrientes no sólo lidera en el país con las hectáreas sembradas, sino también con la que cumplimenta ampliamente con las normativas ambientales y concesiones de agua, como así también en calidad de sus efluentes demostrable con monitoreo anuales conjunto entre el estado, privados y universidad y con resultados alentadores.